El tribunal que la condenó está presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco.
La diputada Rosa Amalia Pilarte es acusada de lavado de activos del narcotráfico.
LAURA CASTILLO Y JAVIER FLORES Santo Domingo, RD.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha emitido un veredicto unánime declarando culpable a la diputada Rosa Amalia Pilarte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La sentencia, presidida por Francisco Jerez Mena e integrada por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, establece una condena de cinco años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago. Además, se le impone el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.
En consonancia con la condena, se ha ordenado el decomiso de varios inmuebles ubicados en La Vega, los cuales pasarán a ser propiedad del Estado dominicano. Estos incluyen parcelas de terreno de diferentes extensiones, así como propiedades comerciales e inmuebles residenciales, cuya confiscación busca desarticular los activos obtenidos de manera ilícita por la acusada.
El Ministerio Público, durante el proceso judicial, había solicitado una pena de diez años de prisión para Pilarte, considerando la gravedad de los delitos imputados.
La acusación presentada contra la legisladora sostiene que ella formaba parte de una red delictiva liderada por su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López, dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico. El modus operandi de esta estructura criminal consistía en introducir grandes sumas de dinero en el sistema financiero y otros sectores económicos, con el fin de “diversificar el producto” obtenido de actividades ilegales, aprovechando vínculos familiares y de afinidad para ocultar la procedencia ilícita de los fondos.
Los fiscales a cargo de la acusación destacaron la existencia de numerosas transacciones bancarias realizadas por Pilarte, las cuales reflejaban ingresos millonarios que no guardaban relación con sus actividades lícitas conocidas y declaradas a las autoridades. Este aspecto fue clave para establecer su participación activa en la red de lavado de activos, junto a su esposo Miky López.
En resumen, la sentencia dictada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia constituye un golpe significativo contra la corrupción y el lavado de activos en República Dominicana, al condenar a una figura política importante por su implicación en actividades ilícitas de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.